2. Estos hechos produjeron manifestaciones de protesta en diferentes ciudades del Perú y en Lima, de partidarios del expresidente Pedro Castillo y de grupos que persiguen otros objetivos políticos, como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso de la República, la instalación de una asamblea constituyente y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones presidenciales y legislativas; 

3. Atendiendo una iniciativa del Gobierno, el Congreso de la República ha aprobado en primera votación el recorte del mandato presidencial y el adelanto de las elecciones para abril de 2024. En consecuencia, el Gobierno de la Presidenta Boluarte tiene un carácter de transición hasta la elección de un nuevo Congreso y Presidente de la República; 

4. En algunas manifestaciones se produjeron hechos de violencia, como ataques a puestos policiales, sedes del Ministerio Público y Poder Judicial, aeropuertos, comercios y viviendas de particulares, vehículos de transporte público, entre otros. Existen indicios creíbles sobre la participación en estas manifestaciones de grupos organizados con el deliberado propósito de producir violencia y atentar contra la vida de la ciudadanía y de los miembros de las fuerzas del orden; 

5. En línea con lo anterior, el Perú espera que la comunidad internacional rechace toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática, así como la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos, provengan de donde provengan, que, escudados en las legítimas expectativas de los ciudadanos, pretenden ser utilizados como una herramienta política; 

6. Preocupa el hecho, como viene ocurriendo en el Perú, y en otras partes del continente, que los intentos golpistas se vean azuzados por acciones que alientan la violencia sobre la base de una mirada distorsionada de la realidad y hechos falsos, con miras a vulnerar el orden constitucional y los procesos democráticos de alternancia en el ejercicio del poder; 

7. Con el fin de restablecer el orden público para resguardar la vida e integridad física de la ciudadanía, la propiedad pública y privada, y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, el Gobierno decretó el estado de emergencia, por un período de 30 días, a partir del 14 de diciembre de 2022; así como la inmovilización social (toque de queda) en algunas zonas del país, a partir del martes 10 de enero; 

8. Los hechos de violencia han producido hasta la fecha la muerte de 46 civiles y un miembro de la Policía Nacional, así como lesiones a 612 civiles y 290 policías. Las cifras corresponden al registro de la Defensoría del Pueblo, al 11 de enero;   

9. El gobierno del Perú lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas en el contexto de los hechos de violencia, que vienen siendo investigados por las entidades competentes. El Ministerio Público ha iniciado los procesos de investigación previstos en la Ley para establecer las responsabilidades penales individuales que correspondan; 

10. El Perú, de acuerdo con su tradición, es un país comprometido con la plena vigencia del derecho internacional y con el cumplimiento de las obligaciones que de él emanan, en especial con la defensa de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos. El Estado peruano es parte de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y del sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas; 

11. En el marco de dicho compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, y en atención a las circunstancias de violencia que se han producido en el país, el Gobierno peruano extendió una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que realizó una visita técnica al país entre el 20 y el 22 de diciembre pasado, y viene realizando una segunda visita entre el 11 y el 13 del presente mes, en la que participan los comisionados Stuardo Ralón (Colombia) y el señor Joel Hernández (México), junto con un equipo de la Secretaría; 

12. Asimismo, en el ámbito del sistema universal, también en atención a una invitación formulada por el Gobierno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Volker Turk, enviará al Perú, del 18 al 20 de enero, al señor Christian Salazar, Director de la División de operaciones y cooperación Técnica, como su enviado especial. Por otro lado, el 25 de enero próximo, en Ginebra, el Perú será examinado por cuarta vez dentro del marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

13. El Gobierno del Perú ha otorgado y seguirá otorgado toda su colaboración a las misiones de la CIDH y del Alto Comisionado, respectivamente, a fin de que lleven a cabo sus tareas, lo que incluye viajes al interior del país y entrevistas con altas autoridades del Gobierno, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El Gobierno ha hecho conocer las acciones que desde el Poder Ejecutivo se han venido adoptando con el fin de restablecer el orden en el país, con respeto a los derechos humanos, buscando lograr una salida política consensuada en beneficio de todos los peruanos.  

• 14. En el ámbito nacional y a fin de atender las legítimas aspiraciones de la población, el Gobierno ha adoptado las siguientes medidas: 
• Viaje de los Ministros a las regiones para la instalación de mesas de diálogo con el fin de evaluar las formas posibles de atender las demandas más apremiantes.
• Instalación de una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas y a quienes sufrieron lesiones de gravedad durante las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022 y del 4 de enero a la fecha.
• Articulación de los distintos sectores del Ejecutivo para hacer frente de manera articulada a las movilizaciones y protestas.
• Una delegación de alto nivel del Gobierno viajó a la región de Puno el 10 de enero para buscar establecer canales de diálogo y concertación con la población.  
• Luego de 7 días de manifestaciones violentas sostenidas en la región de Puno, se ha decretado la inmovilización social obligatoria por tres días, desde el martes 10 de enero de 2023, entre las 20 horas hasta las 4 horas, con la finalidad de resguardar la vida, integridad y libertad de los ciudadanos. 

Lima, 11 de enero de 2023