Está prohibido que cualquier institución
solicite un certificado o constancia de supervivencia para verificar que el
ciudadano está vivo.
Este documento se solicitaba en procedimientos
relacionados a pensiones o prestaciones económicas del Estado. A partir del 2017, las instituciones deberán
hacer las verificaciones y cruces de información correspondientes con la base
de datos de RENIEC o sus propias bases de datos, sin costo alguno para el
ciudadano.